Los consumidores, que desconocen cuál es el precio verdadero que tendrán que pagar por un determinado bien o servicio.
Las empresas, por su parte, no saben a cuánto podrán vender sus productos en el futuro y cuánto les costará producir los bienes que en la actualidad lanzan al mercado.
Los ahorrantes no conocen lo que valdrán realmente sus ahorros dentro de 5 o de 10 años.
El sector público se encontrará con dificultades paras prever el valor exacto de los gastos de inversión en equipo e infraestructura al que deberá hacer frente en los próximos años.
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